• El auditor institucional, Manuel Medina Cea, fue parte del encuentro nacional, donde expuso su experiencia, las dificultades y los desafíos para el 2022. Profesionales de todo el país se sumaron a las dos jornadas desarrolladas en el Ministerio de Justicia y DD.HH.
La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) del Biobío, a través del encargado del área, fue parte del Primer Comité de Auditores del Sector Justicia y Derechos, encuentro cuyo principal propósito fue abordar los lineamientos gubernamentales para el período 2022-2026 en el ámbito de control interno institucional.
La actividad fue iniciada por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, quien resaltó -a través de un video- la valoración de las autoridades del trabajo esencial que realizan los equipos de auditores y auditoras “para el desarrollo de la agenda de probidad, de integridad y de combate a la corrupción”.
El auditor de la CAJ Biobío, Manuel Medina Cea, fue parte de las jornadas, convocadas por la Unidad de Auditoría Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde expuso su experiencia, las dificultades y los desafíos para el 2022-2023, expresando que “la visión de la unidad de auditoría interna es validar el buena actuar de la institución en todos sus procesos, propendiendo a que la organización realice sus funciones en un ambiente de autocontrol maduro y con respeto de las normas de probidad y transparencia en el uso de sus recursos, además el desafío constante del auditor es contribuir a lograr la gestión de un servicio público moderno y profesionalizado que cumpla cabalmente el mandato constitucional”.
Durante el encuentro -que son una exigencia para verificar el cumplimiento de las instituciones en materia de control interno, probidad y gobernanza- los asistentes pudieron abordar además la creación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, anunciada por el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública, con el propósito de crear una cultura de transparencia y probidad en el país; recomponer confianzas en las instituciones; y fortalecer la democracia.
María Elena Espina, auditora del Ministerio de Justicia y DD.HH., destacó que los profesionales del sector Justicia y DDHH –así como de los demás organismos públicos- pueden aportar directamente al diseño, implementación y monitoreo de la nueva Estrategia Nacional de Integridad Pública, por lo que se manifestó satisfecha por el interés expresado por los representantes de la Subsecretarías de Justicia y de Derechos Humanos, de Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores y las Corporaciones de Asistencia Judicial de Tarapacá, de Valparaíso, Biobío y Metropolitana, que cubren todo el país.
